Escribe José Guillén B.
Días atrás tuve la oportunidad de participar de la conferencia dictada por el Biólogo Ernesto Raez en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que expuso con lujo de detalles, sobre los pormenores respecto a los impactos ambientales y sociales que podrían causarse a raíz de la ejecución del proyecto de la futura Central Hidroeléctrica de Inambari.
Este proyecto que tiene carácter de interés nacional, se circunscribe dentro del marco del Convenio de Integración Energética entre Perú y Brasil que fuese firmado entre ambos gobiernos en abril del año pasado con el objetivo de impulsar el desarrollo hidroeléctrico bilateral.
Según comentarios del Viceministro de Energía, Daniel Camac, emitidos a la Agencia Andina de Noticias, “la construcción de la hidroeléctrica sería favorable a que las tarifas eléctricas en nuestro país se mantengan en un bajo costo”. Sin embargo el convenio tiene otro trasfondo, y es que gran parte de la energía generada estaría destinada a la exportación para suministro de poblaciones de nuestro gigante vecino oriental. Por eso no es casualidad que los 2.200 megavatios de potencia instalada proyectados para esta central, hayan sido encargados a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas, conformada por las empresas brasileñas, OAS, Electrobras, y Furnas. . .
Por lo pronto tenemos imprecisión en la versión del Viceministro Camac en relación a lo que el Biólogo Raéz, nos expusiera. ¿Es realmente como dice Raez, que el total de la potencia instalada de la central hidroeléctrica esta destinada a la exportación?, si no es así, porque el Gobierno no muestra mas transparencia y confirma que porcentaje de la energía que será generada en esta planta es la que realmente estaría destinada a exportación. ¿Se cubrirá con esta central los requerimientos de energía por lo menos de la zona sur de nuestro país?. Son algunas preguntas que el gobierno debe responder a fin de confirmar cuanto de interés nacional contiene realmente este proyecto, pues como lo afirma Raez, no existe ninguna norma o directiva que nos oriente a calificar a cualquier proyecto como de interés nacional, esto simplemente queda a criterio mesiánico del Presidente como en el caso de los indultos, “es mi criterio que sea de interés nacional y listo”.
Esto al margen de los impactos ambientales y sociales que deben preverse para toda la cuenca, desde los relacionados con las interferencias con los procesos vitales de la fauna ictiológica, los aspectos de inundación en un tramo de la interoceánica, el desplazamiento de poblaciones, la formación de gas metano, entre tantos otros que deben ser previstos. Pero mientras la empresa ECSA, se encarga de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe ser puesto a juicio de todos los eruditos que puedan observarlo, es importante que el Gobierno responda que tan ventajoso es el proyecto para los peruanos, si esta energía podrá generar empleo para los peruanos, y no acrecentara la brecha entre poblaciones peruanas y brasileñas, a fin de que tengan las mismas ventajas de desarrollo. Mientras el Gobierno no sea suficientemente transparente en su información, se justifica la preocupación de la sociedad civil, y es inevitable que tengamos que insistir en mostrar ciertas dudas ante la inversión de nuestro vecino, pues esto me trae a colación los sucedido hace mucho con la Hidroeléctrica de Itaipú, sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay, obra ejecutada igualmente por iniciativa y capitales brasileños, y cuyo tratado entre gobiernos cobra vigencia pues ha suscitado una ola de movilizaciones en Paraguay, a fin de lograr una autonomía energética. Sucede que el Tratado firmado entre los dos países, estipula que los excedentes de energía eléctrica de alguno de los dos serán cedidos al otro socio a un costo remunerativo, prohibiendo su venta a terceros. Actualmente Paraguay solo consume 7.000 millones de megavatios de los 45.000 millones que le corresponde, por lo que entrega a Brasil el excedente de 38.000 millones de megavatios, a un costo de solo $2.7 por megavatio/hora, muy por debajo de los $35 que abona a la Autoridad Autónoma de Itaipú. De acuerdo al propio Tratado sus bases podrán ser renegociadas recién el año 2023.
Son estas situaciones las que pretendemos evitar, por lo que es necesario el involucramiento de todas las fuerzas políticas y sociales a fin de que nuestro país no se vea después sorprendido y arrastrando a una injusta negociación de la cual puede costar mucho salir. Transparencia ante todo para asumir la mejor decisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario